
El Gobierno nacional prevé dar de baja alrededor de 20.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, luego de detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios. Según informó Clarín y reprodujo Telesol Diario, el anuncio oficial se realizaría en los próximos días.
La medida forma parte de una auditoría que alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios y busca verificar si cumplen con los requisitos establecidos para recibir la asistencia económica. Desde el Ejecutivo sostienen que los controles apuntan a identificar prestaciones otorgadas de manera irregular.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre los casos individuales ni sobre las pruebas que respaldarían cada eventual suspensión. Las revisiones continuarán durante los próximos meses y podrían derivar en nuevas bajas.
El anuncio se produce después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción, el 22 de octubre, a un proyecto de modificación de la Ley de Discapacidad. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado.
Durante el debate legislativo, el oficialismo aceptó modificaciones al proyecto original y se mantuvo la continuidad de las pensiones. En paralelo, el Gobierno prevé avanzar con las auditorías para revisar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones.
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral constituyen una asistencia económica destinada a personas que cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Además del ingreso mensual, sus titulares pueden acceder a prestaciones de salud mediante el programa Incluir Salud, de acuerdo con los requisitos correspondientes.
Mientras el Ejecutivo prepara el anuncio de las primeras bajas, la auditoría continuará sobre el conjunto de beneficiarios. Hasta el momento, no se informó oficialmente el listado de las pensiones alcanzadas ni el procedimiento específico que se aplicará en cada caso.