
Dos empleados de un instituto de menores ubicado en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, fueron desvinculados de sus puestos y denunciados penalmente luego de una investigación interna relacionada con el presunto ingreso de sustancias prohibidas al establecimiento.
El caso se inició a partir de distintas irregularidades detectadas en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín.
Según la información publicada por Infobae, los trabajadores investigados cumplían funciones en el módulo 2 del establecimiento. Las autoridades comenzaron a profundizar la pesquisa luego de detectar una modalidad mediante la cual paquetes eran arrojados desde el exterior hacia los patios del instituto.
En septiembre, uno de esos paquetes quedó retenido en una estructura de protección instalada sobre el patio. El episodio generó un conflicto dentro del establecimiento y derivó en nuevas actuaciones administrativas y judiciales.
A partir del incidente, las autoridades tomaron declaraciones a varios adolescentes alojados en el lugar. En esas entrevistas surgieron acusaciones contra los dos empleados, a quienes los jóvenes señalaron por una presunta participación en el ingreso de sustancias al instituto.
Además, fueron incorporados a la investigación registros audiovisuales y documentación relacionada con supuestas transferencias de dinero, elementos que ahora deberán ser analizados por la Justicia.
Los testimonios también hicieron referencia a una presunta operatoria que habría funcionado durante varios meses. Sin embargo, se trata de acusaciones que todavía deben ser corroboradas dentro de la investigación penal.
Tras la denuncia, la fiscalía solicitó información y copias de los legajos de los dos empleados para determinar sus funciones y antecedentes dentro del organismo provincial.
Las autoridades también resolvieron trasladar a otros establecimientos a algunos de los adolescentes involucrados en el episodio, con el objetivo de preservar su integridad y evitar posibles conflictos dentro del instituto.
La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales y cuál fue el alcance de las presuntas irregularidades denunciadas.