
El arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, expresó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad en Argentina y cuestionó las medidas que, según advirtió, pueden profundizar la vulnerabilidad de este sector. En declaraciones a Infobae, reclamó políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, la educación y mejores condiciones de vida.
“Estigmatizar un grupo que además tiene esta situación de vulnerabilidad es una experiencia que a mí particularmente me duele mucho”, sostuvo Lozano al referirse al debate sobre la asistencia a las personas con discapacidad y las denuncias de posibles irregularidades.
El religioso remarcó que, si existen delitos o hechos de corrupción, deben investigarse y sancionarse, pero advirtió sobre el riesgo de extender las sospechas al conjunto de las personas que reciben prestaciones. En ese sentido, pidió diferenciar los controles necesarios del señalamiento generalizado hacia quienes necesitan apoyo.
Lozano señaló que la discapacidad requiere especial atención por parte del Estado, tanto en materia sanitaria como educativa. También destacó las dificultades que atraviesan muchas familias para sostener tratamientos, traslados, acompañamientos y procesos de inclusión escolar.
El arzobispo indicó que la Conferencia Episcopal Argentina ya expresó su preocupación mediante declaraciones institucionales y que sigue de cerca el desarrollo de las discusiones legales vinculadas con el sector.
Además, sostuvo que las políticas públicas deben contemplar no solo la atención médica, sino también el acceso a bienes culturales y educativos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
“Hay gente que realmente sufre y padece una situación muy dura en el seno familiar o en el ámbito de una comunidad educativa”, afirmó, y llamó a promover actitudes de cuidado y respeto hacia quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Durante la entrevista, Lozano también advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema educativo y señaló que la falta de recursos puede perjudicar especialmente a los sectores de menores ingresos.
A su vez, manifestó preocupación por el crecimiento de la precariedad laboral y la pérdida de empleos formales. Según explicó, estas condiciones generan consecuencias que van más allá de los ingresos, porque afectan el acceso a derechos vinculados con las vacaciones, la atención ante enfermedades y la seguridad previsional.
Para el arzobispo, estos problemas requieren diálogo y acuerdos que permitan encontrar respuestas concretas, sin perder de vista el impacto que las decisiones económicas y sociales tienen sobre la vida cotidiana.
Lozano vinculó sus planteos con el mensaje del papa León XIV sobre la necesidad de reconocer la dignidad de todas las personas, independientemente de sus capacidades o de su productividad.
En esa línea, consideró que la inclusión no puede quedar exclusivamente en manos de las familias o de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, sino que debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
El arzobispo también destacó la importancia de construir consensos frente a situaciones sociales complejas y pidió evitar discursos que profundicen la estigmatización de los sectores vulnerables.
Sus declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre las políticas de discapacidad y los recursos destinados a garantizar las prestaciones. En ese contexto, su mensaje apuntó a que cualquier investigación sobre irregularidades avance sin perjudicar los derechos de quienes necesitan asistencia.